¿Qué tipo de trabajador es el profesorado universitario?

Cumpliendo con mi oficio
piedra con piedra, pluma a pluma,
pasa el invierno y deja
sitios abandonados,
habitaciones muertas:
yo trabajo y trabajo,
debo substituir
tantos olvidos,
llenar de pan las tinieblas,
fundar otra vez la esperanza.

Pablo Neruda. Oda a mis obligaciones

Durante la década de los ochenta del siglo XX se dio una discusión sobre la legislación aplicable al profesorado universitario. La discusión consistía en determinar si las relaciones laborales del personal académico de las universidades autónomas se regían por el apartado A del artículo 123 Constitucional o por el Apartado B. El apartado A comprende a los trabajadores que laboran en empresas particulares, mientras que el apartado B regula las relaciones entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores. En esa época, el rector de la UNAM, Guillermo Soberón Acevedo propuso la creación de un Apartado C para precisar las condiciones laborales específicas de los trabajadores universitarios.

La discusión llegó a su fin cuando se resolvió que las relaciones laborales de los trabajadores universitarios se regulan con las reglas del apartado A del artículo 123 de la Constitución, con las especificaciones establecidas en un capítulo de la Ley Federal del Trabajo titulado Trabajos Especiales. Resulta interesante observar que esas disposiciones se encuentren en el artículo Tercero, relativo a la educación, y no en el artículo 123 relativo al trabajo.

Consecuentemente con lo anterior, el capítulo XVII de la Ley Federal del Trabajo titulado “Trabajo en las Universidades e Instituciones de Educación Superior”, establece las condiciones de quienes laboren en las Instituciones de Educación Superior (IES) autónomas por ley. En ese capítulo se formulan las bases de las relaciones laborales aplicables a las universidades. En el caso del personal académico, se realiza una separación de la regulación de los aspectos académicos de los laborales. Por una parte, son criterios académicos fijados por las IES, quienes establecen el ingreso, permanencia y promoción del personal académico y por la otra, los aspectos laborales relativos a  jornada de trabajo, salario y prestaciones se establecen como materia de contratación colectiva.

Una de las consecuencias de esa separación ha sido que los sindicatos de personal académico se han convertido en gestores de prestaciones sociales y mediadores de conflictos individuales. Además de lo anterior, durante los últimos quince años, al menos, se ha puesto en práctica un sistema de regulación académica a nivel nacional sobre el profesorado universitario, que se traduce, en la práctica, en una regulación laboral.

Efectivamente, los requisitos de ingreso, cada vez más altos y los mecanismos de evaluación como el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PRODEP) y los Programas de Becas y Estímulos, son determinantes en los procesos de promoción y permanencia, así como en la obtención de ingresos extraordinarios al salario fijado contractualmente.

Entonces, los sindicatos de personal académico se quedan con la gestión y la representación laboral, mientras que las IES –más bien dicho, la política federal sobre las universidades- introducen condiciones para el desempeño del trabajo docente que en la práctica se convierten en las condiciones de trabajo en que realmente se labora. Se trata de la presión para investigar, conseguir financiamientos para las investigaciones, participar en órganos colegiados, publicar en revistas de alto impacto, liderear equipos de trabajo competitivos a nivel nacional, dar conferencias por el mundo, realizar innovaciones, registrar patentes, vincularse con la sociedad empresarial, defender los derechos universitarios, divulgar la cultura y además, dar clases con lo que ello implica: preparar programas, actualizarse en el uso de tecnologías, tomar cursos de capacitación didáctica, pedagógica y disciplinar, revisar trabajos y evaluar tareas, participar en colectivos de docencia, tutorear estudiantes, asesorar tesis.  

Todo ello da por resultado que el personal académico se encuentre en una doble regulación laboral-académica-laboral: por una parte la contractual, sujeta a negociación colectiva (salario, jornada, prestaciones), donde participa el sindicato, mientras que la segunda se refiere al conjunto de regulaciones derivada de la política, que para cumplirla depende de la mera responsabilidad productiva individual de cada quien, pero que se convierten en condiciones laborales.

Esta doble regulación se traduce en el desdibujamiento del personal académico como trabajador/a y más aún, en el desdibujamiento de los sindicatos correspondientes, constreñidos a quedarse con una parte muy pequeña del trasunto laboral académico: el aglutinamiento, el gremialismo de la parte estrictamente laboral que se evapora ante las presiones de la política federal sobre las universidades.

 Publicado en Nayarit Opina, Tepic, Nayarit, 22 de enero de 2018.

¿Pueden ser democráticos los autoritarios?

¡Esclavos y payasos,

arrancad de sus asientos

a los graves senadores

 de arrugas venerables

y gobernad en su puesto!

Shakespeare. Timón de Atenas

Seguramente la novela mexicana está escribiendo las disputas alrededor del poder en México. Esa larga zaga donde se encierran inagotables posibilidades del comportamiento humano alrededor de dominar unos sobre otros, pues de eso se trata el poder. En México, las reglas para ese dominio se encuentran plasmadas en Códigos Electorales Federales y Estatales, pero sobre todo, se encuentran en la práctica real de la aplicación de esas leyes.

¿Por qué es tan atractivo el poder? Decidir destinos, disponer del tiempo, utilizar la riqueza es una atribución de los dioses. En el ámbito terrenal se traduce en imponer la voluntad propia, manipular, disponer de la riqueza pública para fines personales.

¿Todos los políticos son tiranos? Para Shakespeare pareciera que sí si nos asomamos a Julio César, Enrique IV o Coriolano. ¿Todos los políticos mexicanos son corruptos? Quizá no tengamos una respuesta cabal de ello, lo que sí podemos decir es que todos los partidos políticos que actúan actualmente en la arena política mexicana, son autoritarios.

Ningún partido político, de los que pueden ser competitivos, practican la democracia a su interior ni en la resolución de sus propias controversias. Si vemos el autoritarismo del PRI, del PAN, del PRD, sabremos que en México, el autoritarismo es el rostro de la democracia. Todos los partidos políticos tienen precandidatos únicos que, por ello mismo, se convertirán en los candidatos definitivos.

En México tenemos una larga tradición de autoritarismo. La relación del poder con la sociedad ha sido la búsqueda del sometimiento pero no la construcción de ciudadanía crítica. Todo ello teniendo como base una pobreza escandalosa y un descuido –por decir lo menos- de la aplicación de las leyes. Y, en medio de todo ello, la impunidad como la moneda de la democracia.

 

El PRI ha perdido la inminente mayoría desde principios del tercer milenio, pero ello no ha significado la pérdida del poder. Por el contrario, estar en la oposición durante doce años, le permitió reconfigurarse a partir de la búsqueda de los intersticios donde se arman las alianzas y complicidades del poder y sus negocios.

Además, los partidos políticos en su conjunto, han sido priísados. En México, el único partido que conocemos es el PRI o más bien dicho, las formas de gobierno, las relaciones con la ciudadanía, la distancia respecto de las leyes, la forma de organizar el poder y otros elementos,  han constituido la pedagogía heredada por el PRI a los diversos partidos políticos. Por eso, encontramos voces que llaman a no votar, una cultura política, referida a un “desencanto” de la alternancia, desencanto de la propia democracia. Esta idea se basa en que “todos los partidos políticos son lo mismo”.

Sin embargo, el país ha cambiado. En cien años hemos transitado de una sociedad de campesinos en la ruralidad a una sociedad de habitantes de las urbes. De una concepción del México mestizo, a una comprensión del México multicultural. De una visión masculina del mundo, al reconocimiento de los derechos de las mujeres.

¿Y los partidos políticos? Los partidos políticos deberían ser el principio organizativo de la sociedad, el lugar donde diversos ciudadanos y ciudadanas construirían proyectos de país para llevarlos a cabo ya que la política es el lugar donde se posiciona la cultura, la convivencia, la sociedad.

Pero, no tenemos los partidos políticos necesarios para el momento actual. Enfarragada, la clase política en sí misma, carecemos de motivos para renovar el sistema político. En México, la contienda democrática se reduce a la competencia electoral: retener el poder por el valor que ello tiene. Retener el poder para seguir reteniéndolo: sin metas republicanas, sin construcción de bien común, sin nadie a quien dar cuentas. Quizá por ello, las contiendas electorales se parecen más a un cumplir el rito de las elecciones, antes que a un momento de apertura a una nueva posibilidad de sociedad, de construcción de otra forma de vivir.

En síntesis, estos partidos políticos autoritarios no pueden ser los agentes de la democracia.

Socióloga, investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit, correo: lpacheco_1@yahoo.com 

Publicado en Nayarit Opina el 15 de enero de 2018

Los retos de Antonio Echevarría García

“Imposible conocer el alma, los sentimientos

y el pensamiento de ningún hombre

hasta que no se haya visto en la aplicación

de las leyes y en el ejercicio del poder”.

Sófocles.  Antígona

En primer lugar, el gobernador AEG tiene que conocer el escenario político en que se encuentra, debido a que actualmente, las reglas del sistema político están cambiando. Ello se debe a una actuación diferente de los gobernadores, como el caso del gobernador de Chihuahua que ha iniciado una confrontación legal en contra de la federación. En este sentido, el reto será si el Gobernador AEG se ubicará dentro del conjunto de los gobernadores como Javier Corrales, se comportará como un gobernador de oposición al partido de la Presidencia de la República o “abrirá” su propia vía de negociaciones. Ello es vital para pulsar la relación que tendrá con la Federación.

En segundo lugar, tiene que conocer el alcance de lo que puede hacer un gobernador en la actualidad, tanto al interior del estado como fuera de él. Al interior del Estado tiene que conocer las diversas fuerzas políticas para ubicarse como el estratega a fin de conducir el rumbo, pero también para ser capaz de mediar entre esas fuerzas. El poder es un débil equilibrio entre grupos y fuerzas que tienen intereses encontrados, de ahí que el gobernador tendrá que “hilar fino” en el ámbito de lograr alianzas para conseguir resultados. Entre estas fuerzas tienen tanta importancia los grupos de poder formales como los informales, reales o ilegales. Se trata de tener el panorama completo de las diversas fuerzas que actúan en la entidad puesto que su desconocimiento traería consecuencias no deseadas. En este reconocimiento es vital entender la actuación de nuevos actores como la sociedad civil, los grupos organizados, los emergentes, las mujeres, quienes defienden derechos de todo tipo: humanos, transexuales, ecológicos, animales que, al portar nuevas demandas, también actúan en el ámbito público.

En tercer lugar, el gobernador tiene que resarcir los daños de los dos sexenios anteriores. La cuenta del desastre es de doce años, puesto que a partir del gobierno 2005-2012 se inició el deterioro de la forma de gobernar para que el ejercicio del poder público se convirtiera en poder-negocios-enriquecimiento. Los últimos seis años exhibieron la forma descarada y desconmensurada de la ausencia del oficio de gobernar, en su lugar se instaló, prácticamente, un gobierno de terror que, como todas las tiranías, condujo a un saqueo permanente de las arcas públicas, una simulación de aplicación de leyes, un vaciamiento de las instituciones y una indefensión de la ciudadanía.

En cuarto lugar, estar consciente del capital político con que cuenta. Esto es fundamental puesto que se trata de un gobernador que llega al poder con la fuerza de un voto indiscutible, el apoyo de la clase empresarial, la ovación popular y el guiño de los dioses. Esto último puede ser leído como un nuevo tipo de esperanza y de suerte. Esperanza porque efectivamente, la política es el ámbito desde el cual se dispone de recursos, de personas, del tiempo de los otros y ello puede conducir a instalar una nueva forma de gobernar. De suerte, porque los acontecimientos en el país y sobre todo, en la entidad, dieron lugar a la llegada de AEG con un perfil de no político. Es un claro mensaje de necesitar ser gobernados desde un lugar de la no política. Al menos los no políticos pueden portar una manera nueva de construir sociedad.

Puede ser que a la población en general no le importe que Nayarit no produzca ni el 1% del Producto Interno Bruto del país, o que apenas signifique algo en el padrón electoral nacional. Los grandes datos macroeconómicos no importan a la ciudadanía. Lo que sí le importan son los indicadores que tienen que ver con la proximidad: si las niñas pueden caminar seguras a la escuela, si los jóvenes tendrán posibilidad de formarse en una universidad pública, si tendremos los empleos necesarios para celebrar los cumpleaños, si podemos hacer planes para construir nuestra casa.

Por eso, el quinto reto es tener una actuación republicana: saber que el poder es la posibilidad de transformar la realidad en torno al bien común, porque esto que existe en Nayarit no puede ser para siempre. No pueden ser para siempre los feminicidios, las universidades saqueadas, los ayuntamientos quebrados, los éxodos de los migrantes, la violencia permanente, los juvenicidios, los campesinos empobrecidos. Tiene que haber otra forma de gobierno que no se llame corrupción, violación a derechos, inseguridad, indefensión.

La autora es socióloga, investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit, correo: lpacheco_1@yahoo.com   

Publicado en Nayarit Opina, el 10 de enero de 2018.