Mirad por los fueros de la justicia;
no dejéis que la iniquidad se consume,
y si es verdad que sois aborrecedores
de toda insolencia, sed justos.
Las suplicantes. Esquilo
El asesinato de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994 marcó un quiebre en el sistema político mexicano porque desde ese magnicidio se tiene la idea de que la política es una actividad de alto riesgo personal y familiar.
Si en aquella época se pensó que se trataba de un asesinato de estado, 30 años después, la violencia política exterminadora ha tomado una fuerza inusitada. Efectivamente, en las elecciones de 2024, han sido ultimados 22 candidatos y candidatas a puestos de elección popular, en donde sobresalen quienes aspiran a presidencias municipales.
¿Por qué las presidencias municipales? Una respuesta puede ser porque las presidencias municipales tienen el control de la policía local, clave para la realización de distintas actividades que tienen que ver con el control territorial. Para el avance político de las mujeres, la violencia contra las candidatas a presidentas municipales se exacerba porque no solo se elimina a las que han decidido contender por una candidatura después de vencer múltiples obstáculos, sino porque se convierte en un contraejemplo a fin de que las mujeres no busquen candidaturas.
Es cierto que la violencia política exterminadora ataca por igual a hombres que a mujeres, pero el efecto devastador en las mujeres se multiplica por su efecto en otras posibles candidatas en este proceso y en los que vienen.
Los tiempos de las campañas electorales están previstas en el calendario electoral, de ahí que las diversas autoridades tuvieron tiempo para tomar las medidas necesarias a fin de proteger la integridad de candidatxs. Por ello, sorprende la falta de previsiones, de arreglos necesarios para evitar los asesinatos. Las explicaciones, búsquedas de culpables, etc., se quedan en palabras de excusa, en argumentos vacíos ante la falta de acción de quien debió realizar los operativos necesarios para que las elecciones se llevaran a cabo en paz; en la única dinámica de dialogar con votantes, comparar programas de acción, buscar las mejores propuestas, convencer.
¿Quién es responsable de la seguridad de candidatxs? La intrincada relación entre las instituciones electorales: el INE federal, los OPLES locales, las juntas estatales, los tribunales electorales, los gobiernos de los estados, las fiscalías. ¿A dónde acudir para pedir protección? Es cierto que la Secretaría de Gobernación ha recibido solicitudes de protección de candidatxs en la presente contienda, pero también lo es, que se carece de un plan expedito para ofrecerles las garantías suficientes de protección.
Las 22 víctimas de violencia política exterminadora lo ejemplifican.
En la organización de la seguridad de candidatxs, se dejó al gobierno federal la seguridad de quien contiende a la Presidencia de la República, a las gubernaturas y al Congreso de la Unión. Mientras que son los gobiernos estatales y municipales quienes deben garantizar la seguridad de quienes aspiran a un puesto local. El mecanismo aprobado inicia por instancia de parte: quien se sienta agraviado debe solicitar la protección al INE, quien lo comunicará a la Secretaría de Seguridad, quien, a su vez, se coordinará con la Sedena y la Guardia Nacional, a fin de que se otorgue la protección.
Como se comprenderá, se trata de un mecanismo que se echa a andar solo si hay quien lo solicita. Debemos imaginar que la tramitología puede seguir su curso en los tiempos administrativos previstos, en tanto que las balas se disparan a mayor velocidad que en la que se sella un documento.
Estos 22 asesinatos son la marca de que morir bajo la violencia política exterminadora es algo diferente a simplemente morir. Participar en política puede llevarte a la muerte, a la muerte física, porque vivimos en el tiempo de las fuerzas desbocadas.
Publicado en Nayarit Opina, Tepic, Nayarit, 4 de abril de 2024.
Socióloga, Universidad Autónoma de Nayarit, correo: lpacheco@uan.edu.mx
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