“Me llevó mucho tiempo
desarrollar una voz y,
ahora que la tengo, no me voy a
quedar callada”
Madeleine Albright,
Primera mujer Secretaria de Estado en EU
¿Cómo se construyó en México la condición de
ciudadanía de las mujeres? Estamos en el segundo decenio del siglo XXI, a cien
años de la promulgación de la Constitución Mexicana que sentó las bases para la
exclusión/participación de las mujeres en la política como uno de los pilares
del Estado Mexicano.
El país entró a la etapa de modernización a partir de
la exclusión de las mujeres de la participación directa del poder, exclusión
que fue remontada primero, como reconocimiento del voto en elecciones municipales
y después federales y segundo a través del reconocimiento del derecho a ser
electas: a través de un sistema de cuotas para cargos legislativos establecido
en el país de manera progresiva y heterogénea y finalmente con el
establecimiento de la paridad para cargos legislativos a nivel federal, estatal
y municipal.
Por ello, la teoría política debiera ser considerada
como una síntesis de los supuestos del pensamiento teórico y valores básicos de
la sociedad liberal masculina ya que al teorizar sobre el ser humano, sus
relaciones sociales, sus relaciones con la naturaleza, asume, la cosmovisión de
una sociedad política de varones.
Las mujeres estuvieron en la Revolución Mexicana como
conspiradoras, enfermeras, periodistas, escritoras, patrocinadoras del
movimiento y no sólo como “adelitas”, pero al término de la revolución mexicana
se les negaron derechos políticos y participación en el poder. A los
campesinos, trabajadores y militares se les vinculó al poder. Sin embargo, a
las mujeres se les devolvió al hogar.
La Ley de
Relaciones Familiares emitida por Venustiano Carranza en mayo de 1917
establecía la primacía del marido sobre la esposa pues le correspondía establecer
el domicilio conyugal y dar permiso a la mujer para trabajar, ejercer una
profesión o comercio. Además, la esposa tenía “la obligación de atender los
asuntos domésticos” y era la encargada de “la dirección de los hijos” (artículo
44). Las mujeres no solamente eran excluidas del ejercicio del poder, sino que
eran apartadas y confinadas al ámbito privado. Definidas desde la necesidad de
resolver la intimidad del varón, las mujeres eran tratadas como seres sin
ciudadanía.
En esa exclusión inició la lucha de las mujeres por
tener derechos plenos y no permanecer circunscritas al ámbito del hogar ni bajo
la tutela del marido. Exigieron el derecho ciudadano a tomar parte activa en el
movimiento político tan solo por ser integrantes de la Patria. Fundaron clubes
y asociaciones desde las cuales tomaban la tribuna pública; organizaron
Congresos Nacionales; acudieron a Congresos Internacionales de las Mujeres; salieron
a la calle a protestar, a pedir, a exigir; negociaron con diversos personajes políticos
hasta que el derecho a votar y ser electas fue reconocido por el poder en 1953,
¡más de 30 años después de la terminación de la Revolución Mexicana!
La lucha por el derecho al voto fue un ejemplo de
unión de las mujeres: tanto mujeres de izquierda como de derecha, liberales,
católicas, cardenistas, callistas y socialistas se unieron para posicionar una
sola demanda: el amplio derecho a la ciudadanía plena a través del voto a las
mujeres.
64 años después tenemos una sociedad donde se incluye
a las mujeres en el ejercicio del poder a partir de reformas jurídicas como las
cuotas y la paridad para integrar las Asambleas legislativas y las sentencias
como la 12624 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero
al mismo tiempo tenemos una realidad que insiste con su carga de negación de
esas posibilidades.
Los feminicidios niegan la ciudadanía de las mujeres
porque instala la violencia como reguladora de las relaciones entre mujeres y
hombres. La simbología sobre la mujer, la valoración negativa del cuerpo
femenino, la degradación de la sexualidad femenina, todo ello es parte del subsuelo,
de lo oculto a partir de lo cual se valora a las mujeres. De ahí que la
política no logra orientar y dirigir los procesos necesarios para, por una
parte aumentar la participación de las mujeres en el plano político y por otra,
disminuir la infravaloración que se tiene sobre las mujeres en el plano de la
vida cotidiana. El marco normativo que ha obligado a la incorporación de las
mujeres a la participación política ha sido la principal línea de política
utilizada por el Estado, sin embargo, la normatividad deja intacta la
infravaloración de las mujeres como sujetos de la sociedad y de la política.
Así no se construye democracia ignorando el subsuelo
de la degradación simbólica y real contra las mujeres. Con violencia feminicida
no hay valores de la democracia.
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